De manera unánime y en sesión ordinaria celebrada este miércoles 5 de agosto del 2026, el Órgano Colegiado Superior (OCS) resolvió aprobar la suspensión de los efectos de la Tabla Arancelaria de Cobros por Pérdida de Gratuidad en Carreras de Grado y Otros Servicios de la Universidad de las Artes, con vigencia a partir de su expedición mediante Resolución Nro. UA-OCS-RSE-2025-45, respecto a estudiantes de grado con condición de matrícula no regular, hasta la expedición de la reforma respectiva.
La resolución fue adoptada luego de que la secretaria académica, Verónica Orellana, diera a conocer las recomendaciones emitidas en el mencionado informe técnico, se intercambiaran criterios, expusieran inquietudes y analizara con la coordinación jurídica los lineamientos legales que permitan la referida suspensión.
Bajo el principio de cogobierno, el Órgano Colegiado Superior UArtes se encarga de tomar decisiones fundamentales, aprobar normativas, planes operativos (como el POA) y definir las políticas académicas y administrativas de la universidad. Su presidente es el rector Saidel Brito y lo integran la vicerrectora académica, Yulianela Pérez, el vicerrector de Posgrados e Investigación en Artes, Andrey Astaiza; directores de las escuelas de pre y posgrado, así como los representantes de estudiantes, docentes y administrativos.
Diálogo abierto entre CE y autoridades
En contexto, para entender la resolución del OCS y la presentación del informe técnico por parte de Secretaría Académica, que lleva a recomendar la suspensión, vale anotar que el 29 de julio pasado representantes e integrantes del Consejo Estudiantil (CE) acudieron al OCS para –en un diálogo abierto con las autoridades universitarias, sus miembros, secretaría académica y bienestar universitario– exponer el malestar generado en la comunidad estudiantil por la Tabla Arancelaria de Cobros por Pérdida de Gratuidad en Carreras de Grado y Otros Servicios de la Universidad de las Artes.
La representante del CE, Andrea Abad, y varios de sus integrantes, como Narda Murillo, transmitieron el sentir del alumnado. Se indicó sobre el cercamiento inicial que tuvieron con la Secretaría Académica. “A mediados de junio de este año nos convocó para informar sobre reformas aprobadas por el OCS en el 2025, que incluyen la implementación de la tabla arancelaria basada en quintiles socioeconómicos (para cobros de servicios como segundas matrículas) y el cobro a estudiantes irregulares (quienes cursan menos del 60 % de las materias correspondientes a su malla)”, dijo Murillo a InfoUArtes.
Agregó que consciente del impacto económico en el estudiantado, el CE reestructuró su agenda para proteger los derechos de los estudiantes y para sustentar su postura realizó encuestas y recopiló datos estadísticos sobre las realidades socioeconómicas y los motivos de la irregularidad académica (altos costos de materiales, incompatibilidad laboral, entre otros).
El Consejo Estudiantil mostró sus hallazgos ante el OCS y propuso se suspendiera la medida. En sus intervenciones, Abad, Murillo y varios de sus miembros visibilizaron la situación económica de los estudiantes, la falta de horarios flexibles y los procesos de becas.
Tras la exposición, se lograron entonces compromisos concretos por parte de autoridades y miembros del OCS, detalló Murillo. “Con fines inmediatos, se acordó la suspensión temporal de los cobros a estudiantes irregulares y su ocultamiento en el SGA; la conformación de mesas de diálogo entre las autoridades y el Consejo Estudiantil para revisar las condiciones y normativas de estos cobros; y que Bienestar Universitario abriera canales para conocer sobre el tipo de atención que se les está dando a los estudiantes, sobre todo en la aplicación de becas”.
Informe técnico y criterio jurídico
Los diálogos que propiciados llevaron efectivamente a la conformación de mesas de trabajo, dando como resultado la elaboración del informe técnico con sus recomendaciones. En su exposición, la secretaria académica Verónica Orellana explicó que en junio del 2025 el OCS aprobó la aplicación de la norma técnica de regulación de elaboración y aprobación de la tabla arancelaria antes señalada, lo cual fue el resultado de un trabajo desarrollado con la Secretaría Administrativa, Bienestar Universitario, Tecnología y Jurídico.
Anotó que el propósito del informe era emitir un criterio técnico jurídico respecto a la aplicación de la norma, concretamente al grupo de estudiantes que registran la condición de matrícula. Orellana adelantó que en su exposición haría un ejercicio pedagógico sobre la gratuidad de la educación superior, ligada al criterio de responsabilidad académica y siempre que sea una primera carrera en la universidad pública, que se registre una condición de matrícula regular en cada periodo y que la matrícula se realice en el periodo ordinario.
También detalló que hay causales de pérdida temporal o definitiva de gratuidad que están asociadas con los criterios establecidos en la normativa. Ocurre cuando hay una pérdida de materia, sea por promedio o asistencias, o cuando se registra una condición de matrícula no regular. La condición de matrícula no regular es cuando se toma menos del 60% del total de materias disponibles en cada malla curricular estudiantil.
Que existe otra causa para la pérdida definitiva de gratuidad, indicó Orellana; sucede cuando un estudiante ejerce una segunda carrera en la universidad pública, cuando ha realizado un segundo cambio de carrera o cuando tiene una pérdida acumulativa del 30% de su malla curricular o, finalmente, cuando ha realizado un cambio de carrera en la universidad tras una reprobación de materias en tercera matrícula.
Orellana reveló que, en el periodo 2025-2026, cuando entró en vigencia la tabla arancelaria, no había un registro completo de la ficha socioeconómica, instrumento ligado con la asignación del quintil estudiantil al que pertenece cada alumno. “Con la aprobación de esta tabla lo que se busca es que los valores asignados o generados por pérdida de matrícula tengan en consideración la situación socioeconómica de los estudiantes. Este insumo lo tenemos a través de la ficha socioeconómica que llenan”, dijo, señalando que al identificar el año pasado que no había un registro completo se trabajó con Bienestar Universitario para su respectiva actualización en el periodo de matrículas.
En recomendaciones está la suspensión
Con respecto a las recomendaciones del informe técnico presentado este 5 de agosto, Verónica Orellana indicó, entre otros: Disponer a TIC’s que los valores por concepto de pérdida de gratuidad a los estudiantes con condición de matrícula no regular queden sin efecto por los fundamentos expuestos. Disponer a las secretarías Administrativa y Académica, junto con las áreas pertinentes, se proceda con la elaboración e implementación de un plan de fortalecimiento institucional que contemple la revisión y documentación del proceso, parametrización del SGA, mecanismos de notificación y comunicación a la comunidad estudiantil sobre su condición de matrícula en cada periodo académico.
También disponer a TIC’s se implementen y validen los desarrollos tecnológicos necesarios en el SGA y su integración con los sistemas financieros institucionales que permita la correcta aplicación de la norma técnica. Y que DAESCU (Dirección de Asuntos Estudiantiles y Comunidad Universitaria) valide y/o actualice la información socioeconómica que sirve de base para la determinación de las obligaciones económicas, debiendo parametrizarse la ficha socioeconómica en el SGA con apoyo de TIC’s.
En el seno del OCS hubo preguntas, se opinó, analizó y debatió, y se resolvió aprobar la suspensión de los efectos de la Tabla Arancelaria de Cobros por Pérdida de Gratuidad en Carreras de Grado y Otros Servicios de la Universidad de las Artes.
Andrea Abad, presidenta del Consejo Estudiantil, señaló que los compañeros que no están tan inmiscuidos en el tema de la representación podrían sentir molestia por todo lo que ha venido pasando, pero consideró que las autoridades universitarias han dado apertura escuchándolos “y esos espacios hay que aprovecharlos, empezar a participar y llevar a las mesas de diálogo todas las necesidades de la comunidad. Se ha dado la apertura y creo vamos por buen camino”.
Al término de la sesión, el rector Saidel Brito indicó que la situación ocurrida en los periodos pasados no fue intencionada, sino fruto de un vacío no previsto en la normativa y la práctica sobre un punto específico de la tabla. Destacó la necesidad de trabajar en las recomendaciones del informe técnico, las cuales van más allá del tema puntual de los alumnos regulares, pues hay mucho trabajo por hacer, como la actualización de las fichas socioeconómicas.
Indicó también que para agilizar el proceso y evitar demoras se conformará un grupo operativo con representantes de las áreas involucradas, como la de jurídico y los estudiantiles, para definir un cronograma y coordinar propuestas. El objetivo es tener todo resuelto a tiempo para que el equipo de comunicación disponga del margen necesario para informar claramente a los estudiantes y evitar confusiones futuras.
Texto: Carmen Cortez/Dircom. Fotos: Rocío Martínez/Dircom.