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En el ámbito cultural, la política pública de los incentivos tributarios sigue en el análisis y los debates

La celebración del Día Nacional de la Cultura –cada 9 de agosto– llega en este 2023 con inquietudes similares a las planteadas el año anterior en torno a la atención para el sector, los artistas, trabajadores y gestores. El tema propicia análisis diversos y constantes; uno en particular ha seguido siendo centro de debates, desde la aprobación por parte del Ministerio de Cultura y Patrimonio del Ecuador (MCyP) de su normativa, en marzo de 2022: el incentivo tributario del 150% de deducibilidad para las empresas que invierten en cultura.

El mecanismo para atraer financiamiento privado para proyectos artísticos y recompensar así a los benefactores consiste en devolver $1,50 por cada dólar que se invierta en cultura, lo cual se hace efectivo durante el proceso de conciliación tributaria para el cálculo del impuesto a la renta. Se establecen también beneficios complementarios, como la promoción y el posicionamiento de la imagen o marca comercial del patrocinador y el fortalecimiento del compromiso social del patrocinador con el desarrollo de las artes y la cultura.

En el 3er Encuentro de Políticas y Economía de la Cultura, organizado por el Observatorio de la Universidad de las Artes entre el 21 y el 23 de junio pasado, la temática fue abordada en una de las mesas de diálogo programadas. Allí, con la moderación de Pablo Cardoso, director del ILIA y del dispositivo anfitrión, intervinieron como panelistas Adriana Arias, gestora de cultura y productora artística; Álex Grijalva, director de Seguimiento y Evaluación de Emprendimientos, Artes e Innovación del Ministerio de Cultura y Patrimonio; Lorena Falconí, gestora cultural que realizó una investigación sobre el tema; y Juan Javier Canessa, abogado y director de la plataforma Vertical. Sociedad del Arte, una promotora que trabaja en el ámbito de las artes.

Con ellos se discutió, con el sustento de experiencias propias, si la reducción del 150% del impuesto a la renta por patrocinio de eventos artísticos y culturales realmente funciona y qué tan informados estamos de lo que consiste el incentivo tributario en mención.

Adriana Arias contó que pudo acceder y trabajar por ese incentivo al que, si bien consideró una buena oportunidad, en el camino se deben enfrentar desafíos y frustraciones porque no se difunden a profundidad ni se explican en su totalidad los mecanismos. Dijo, además, que constituía un reto buscar patrocinio por el desconocimiento de la ley por parte de las empresas privadas, “pues conocida es la escasa apertura que tienen los temas culturales”.

Álex Grijalva comentó de la evaluación que se realizaba a lo que fue en 2022 la implementación del incentivo de la deducibilidad del 150% en el impuesto a la renta, al cual determinó como una herramienta de fomento para una actividad que se viene desarrollando históricamente desde los sectores culturales: los mecenazgos, el trabajo desde el auspicio, la gestión y la autogestión con la empresa privada. Sigue siendo un recurso permanente en la gestión artística y cultural. Logra ser un puente específico en relación a lo que establece la Ley Orgánica de Cultura a lo que es un espacio de fomento, expresó y anotó “construir y generar desde la política pública las condiciones para el libre ejercicio y garantizar el acceso a los derechos culturales”.

Que se trabajaba, indicó Grijalva, en la socialización del incentivo a empresas, en la gestión de aliados estratégicos y en disminuir la brecha de acceso a patrocinios desde el sector privado.

Canessa, quien detalló que la plataforma que dirige la integran profesionales dedicados a disciplinas tradicionales, como leyes, parte tributaria, contabilidad, finanzas y desarrollo de negocios puestos al servicio del arte. Les llamó la atención el poco conocimiento tanto del sector empresarial como el artístico al respecto, indicó, explicando luego la operatividad de la propuesta y destacando que quien se beneficia de forma directa es el patrocinante, pero que es también una carta que abre puertas para que gestores y artistas puedan ir a buscar auspicios. “Hay diversidad de criterios y aunque hay un cuello de botella en temas contables y tributarios la política es positiva y tiene mucho potencial”, comentó. 

Lorena Falconí compartió en la mesa de diálogo los resultados de una investigación que desarrolló sobre el tema y cuyo artículo, con el título “La política pública en cultura ¿bastaría con incentivos tributarios?”, se publicó meses antes del encuentro en la sección “Cultura en renglones” del sitio web del Observatorio de Políticas y Economía de la Cultura de la UArtes.

Entrevistó tanto a artistas como a empresarios sobre el tema. No fue un proceso sencillo, contó, pues no hallaba artistas que quisieran compartir cómo fue el proceso para obtener el aval, el cual –aclaró– no es dinero y que la certificación era para las empresas. Relató un par de casos que incluyó en su artículo y de las consultas que hizo al propio abogado Canessa para conocer si existían empresas interesadas en implementar el incentivo de la deducibilidad del 150% en el impuesto a la renta. “No solo pueden patrocinar empresas privadas, sino también públicas y personas naturales que lleven contabilidad y hagan esa declaración tributaria”, anotó. 

Añadió que el tema no es tan familiar para los artistas “y si uno va a tocar puertas a un patrocinador, tampoco. Es importante que se dejan asesorar y familiarizarse en el contexto. Esta política pública está en concordancia con el artículo 118 de la Ley Orgánica, cuyos estímulos para los patrocinios tienen que ver con servicios culturales, con actividades del sector y guarda línea con la economía naranja, instaurada en el gobierno de Lenin Moreno. En este marco es importante situarse”.

En el artículo de “Cultura en renglones”, Falconí concluyó que merece una reflexión la política de incentivos tributarios en un escenario variopinto como el ecuatoriano. “Después de las Asambleas Regionales y de la Primera Asamblea Plurinacional de las Artes y las Culturas efectuada en noviembre de 2022 en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, se revela, preliminarmente, que las principales demandas para el ámbito cultural son la priorización del sector, la ampliación de los presupuestos públicos en cultura y la generación de políticas públicas que aseguren los derechos laborales de las y los trabajadores de las artes y la cultura. Por lo tanto, la articulación entre las demandas del sector y lo estipulado en las actuales políticas, es un requerimiento urgente, más allá del arduo ejercicio de gestión cultural para la formulación de políticas culturales nacionales que, para no olvidar, deben procurar una mejora en la mayor parte de la población”. 

Motivo de la celebración

Vale anotar que el Día Nacional de la Cultura fue establecido en 1975 mediante decreto por Guillermo Rodríguez Lara en reconocimiento a que el 9 de agosto de 1944 se crea –en la administración de José María Velasco Ibarra– la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la cual surge en una década en que el país (en 1941) sufrió una perdida territorial y Benjamín Carrión, abogado, maestro y escritor, esboza su tesis de nación pequeña, pero grande en cultura.

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